El compromiso del Gobierno con la vivienda como eje central de su política social no está logrando trasladarse, al menos por ahora, a la ejecución real del Presupuesto del Estado. Aunque el Ejecutivo ha anunciado planes ambiciosos —como la construcción de 40.000 viviendas públicas a través de una nueva empresa estatal o la movilización de suelo público para aumentar la oferta de alquiler asequible—, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es el departamento con menor grado de ejecución presupuestaria de los 22 departamentos que forman el Gobierno. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a cierre de 2024 solo se habían reconocido el 32,7% de las obligaciones sobre el crédito disponible. Este desfase entre los anuncios políticos y la realidad contable añade presión sobre una cartera clave para afrontar uno de los retos más urgentes del país: el acceso a la vivienda digna.

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