Desde el momento en que el Gobierno decidió añadir condiciones a la opa de BBVA sobre el Sabadell, sabía que se enfrentaba a la apertura de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea. Está implícito en la propia advertencia que lanzó Bruselas de forma anónima cuando antes incluso de que el Ejecutivo tomara decisión alguna advirtió de que estudiaba “la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE y no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados”. No obstante, eso no quiere de decir que, si la Comisión da el paso, vayan a frenarse las exigencias que el Ministerio de Economía ha impuesto al BBVA sobre la operación.

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