“Lo primero que noté fue una dureza en el pecho”. Teresa Zamorano tenía 39 años cuando sospechó que algo iba mal. En el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva le practicaron una mamografía. Luego vino el silencio. “Llamé durante meses. Les escribí, les reclamé noticias”. Tiene documentadas 33 reclamaciones ante el hospital y la respuesta siempre era la misma: había mucha gente y tocaba esperar. “Pensaba que me llamarían si algo iba mal”. Un año después, y sin conocer los resultados de la primera prueba, la citaron para una segunda mamografía y una ecografía. Tres días más tarde le practicaron una biopsia. Dieciséis meses después de la primera consulta llegó la noticia: tenía cáncer en estado avanzado.
Tres documentos legales
Para doblar el brazo al Estado, las afectadas deben reunir tres pruebas vitales. En primer lugar, el informe mamográfico original y el historial clínico completo, donde se demuestre “que la paciente nunca fue informada ni citada para seguimiento”, explica la abogada Esther Jiménez. En segundo término, un informe médico-pericial donde se explique qué protocolo debió aplicarse y cuál fue el impacto del retraso en la salud de la paciente. Por último, en el caso de Andalucía, es relevante adjuntar las comunicaciones oficiales donde la Junta reconoce los fallos del sistema.