La economía rumana vive en la actualidad una encrucijada. Los draconianos planes de ahorro aprobados en julio por la coalición gubernamental proeuropea destinados a reducir el déficit fiscal del 9,3% registrado en 2024 —el más elevado de la UE— que la sitúan continuamente a las puertas de la ruptura, suponen en cambio un enorme atractivo para la gran banca. Las subidas de impuestos —entre ellos, el IVA— ahogan a los hogares, que también padecen una inflación galopante: un 8,5% anual hasta septiembre. Además, el Gobierno congeló las pensiones a cinco millones de jubilados y los salarios a 1,3 millones de funcionarios. Sin ser suficiente, el Ejecutivo anunció privatizaciones y la revisión de pensiones especiales que gozan profesionales como magistrados, militares y policías. Todo ello, además, ha dado alas a la extrema derecha: los sondeos le dan un 40% en unas hipotéticas elecciones.

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