“Si a mí me dijeron que tenía que pagar 1.500 euros, ¿cómo es que salgo de aquí con 7.000?“. Jaume Porqueras cree que una empresa a la que defendía debió pensar algo por el estilo cuando el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona concedió en 2023 una indemnización por despido improcedente superior a la tasada en el Estatuto de los Trabajadores. Aquella fue una más de la colección de sentencias que por entonces aumentaron la compensación que algunas compañías pagaron a empleados despedidos de forma injusta, dado que varios juzgados interpretaron que la Carta Social Europea (ratificada por España en 2021) posibilitaba indemnizaciones superiores en función de las circunstancias del trabajador cesado. Ese caso en el que Porqueras defendía a la empresa ha ido escalando hasta llegar al Tribunal Supremo, que el 16 de julio falló a favor de su posición y ha cortado el paso a este tipo de compensaciones, lo que ha desatado las críticas de los sindicatos.

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