Nuevo paso de la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en busca de agencias inmobiliarias que vulneran la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios. El primero lo dio en octubre de 2024 cuando abrió un expediente investigador contra Alquiler Seguro, tal y como reveló Facua, al encontrar que habrían llevado a tres supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler: obligar al pago de una comisión por la gestión del arrendamiento; firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad (los contratos temporales constituyen una práctica irregular utilizada por muchos propietarios de viviendas en zonas de gran afluencia turística para alquilarlos a largo plazo de octubre a junio y como vivienda turística de julio a septiembre), e incluir cláusulas que contravienen la normativa. Posteriormente inició en marzo un expediente sancionador a Alquiler Seguro tras seis meses de investigación.