Medio Congreso de los Diputados clama por un adelanto electoral tras el estruendoso estallido del caso Cerdán. Y otra importante porción, la que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, está exigiendo un paquete normativo de urgencia para poner a salvo de la corrupción a la contratación pública. Pero no son los únicos que presionan al Ejecutivo por la presunta trama que, según indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuaba desde la sala de máquinas del PSOE y del Ministerio de Transportes para amañar concursos millonarios de obra.
Del proyecto hasta la obra
El contrato de obra pública parte de un órgano responsable del proyecto, en el que se sientan los técnicos que redactan la memoria justificativa del contrato y el llamado proyecto constructivo (en ocasiones lo redactan ingenierías externas). Una vez concluido, se somete a informe de distintos departamentos de la empresa que posteriormente lanzará la obra.
Publicados los pliegos técnico y administrativo, las ofertas para ejecutar la obra son estudiadas por la mesa de contratación con el apoyo de comités técnicos. La propuesta de adjudicación acaba ante el presidente de compañías como Adif, Renfe o Aena; el órgano de contratación, que suele coincidir con el consejo de administración de esas empresas, o incluso ante el Consejo de Ministros. Depende del calado económico de la actuación.
Cada uno de los pasos es supervisado por un presidente de la mesa de contratación, papel que suele desempeñar un abogado del Estado; interventores del Estado; miembros de la asesoría jurídica de la contratadora y personal técnico. Incluso se da un replanteo del proyecto, del que se levanta acta para certificar sobre el terreno que la obra es viable, y se extiende otro certificado sobre la existencia de la partida presupuestaria que respaldará la ejecución de la obra.
El informe de la UCO sobre el amaño de obras públicas de Adif y Carreteras aporta indicios sobre el intento de cambiar las reglas por las que se venían valorando las propuestas técnicas y que la trama tuviera “mayor control” sobre las adjudicaciones. Para ello, según se reconoce en una comunicación entre Koldo García y quien fue director general de Carreteras, Javier Herrero, se debía convencer a abogados e interventores del Estado.