España evidenció en 2021 su conciencia sobre el grave problema de incidencia de la pobreza al aprobar la política social más relevante de la última década. Cuatro años después, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza 400.000 hogares. Sin embargo, una cuarta parte de la población española reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta brecha refleja las limitaciones estructurales del diseño de la política social y del modelo económico español.