En plena emergencia de vivienda y con una trayectoria de legislación pionera en la cuestión, Cataluña ha abierto un nuevo debate para frenar la expulsión de vecinos de las ciudades: la posibilidad de prohibir la compra de pisos para especular. O, dicho de otra manera, que solo se puedan adquirir casas si es para vivir en ellas. El objetivo es impedir que grandes empresas o fondos compren edificios o lotes y luego echen a los inquilinos, para sacar más provecho de las propiedades. Los comunes, ERC y la CUP, cada uno a su manera, están presionando al PSC para que apruebe regulaciones al respecto, tanto en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona como en el de la Generalitat.