La Agencia Tributaria estrecha la vigilancia sobre las sociedades de capital riesgo, un instrumento que se ha erigido en una fórmula habitual de las grandes fortunas para reducir su factura fiscal. Bajo ciertos criterios, estos vehículos pueden quedar eximidos de la tributación del Impuesto de Patrimonio. Pero la sospecha de irregularidades se ha disparado, al mismo tiempo que su número: su cuantía desde el cierre de 2017 se ha quintuplicado hasta las 545, poco después de que la banca privada encajara el golpe regulatorio a las sicavs.

Seguir leyendo