El Constitucional ha dictado una sentencia por la que se impide a las comunidades autónomas actuar al margen de la legislación estatal sobre aumento de precios en los contratos de obra pública. El conflicto resuelto se planteó entre el Estado y la comunidad de Aragón, que dictó en abril de 2022 un decreto ley por el que se adoptaban “medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública” de su territorio. La Abogacía del Estado informó sobre la posible inconstitucionalidad de diversos artículos de dicha normativa, lo que condujo al Gobierno a plantear a través de su presidente un recurso de inconstitucionalidad ahora resuelto a favor de sus tesis.

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