Uno de los principales problemas que aquejan al Ingreso Mínimo Vital (IMV) son los pagos indebidos a beneficiarios que después se convierten en deudas que reclama la Seguridad Social. El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por esta situación, que afecta a personas vulnerables con escasa capacidad de ahorro, en su informe anual del año pasado: cuantificó el problema en 500 millones de euros, el 4,7% del total abonado a todos los receptores hasta julio de 2024. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dice compartir la preocupación por este problema, así que ha puesto en marcha un cambio con el que espera aliviarlo: la revisión de los ingresos del año anterior se ha comunicado en mayo en vez de en octubre, lo que reduce en cinco meses las nóminas potencialmente infladas.