El sistema de despido español no cumple con la Carta Social Europea, pese a que el país ratificó ese tratado de normas sociales y laborales en 2021. Esa es la principal conclusión que se extrae de la resolución que acaba de publicar el Consejo de Europa ante la reclamación al respecto del sindicato CC OO. Este periódico adelantó el sentido del dictamen en marzo, pero hasta ahora no se había hecho público su contenido. El texto va mucho más allá de esa primera idea: constituye una enmienda general al sistema de despido español. Insiste en los argumentos que ya esgrimió ante la reclamación en la que dio la razón a UGT el año pasado y advierte de otras fallas.
¿Es caro el despido?
La principal defensa de los empresarios en los debates sobre la indemnización por despido improcedente es recordar que los 33 días con los que se conmpesa en España está muy por encima de la tasación de otros países. Según datos del Banco Mundial, España indemniza las rescisiones de trabajadores con 10 años de antigüedad con unas 28,6 semanas de salario, frente a las 10,8 de Francia, las 17,1 de Portugal o las 21,7 de Alemania. Los sindicatos insisten en que este dato, sin contexto, resulta engañoso, que no radiografía todo el sistema. Una estadística a la que habitualmente aluden para apuntalar esta argumentación es la de la rigidez en la protección del empleo que difunde la OCDE. Este indicador tiene en cuenta diferentes variables, como el tiempo de preaviso, la indemnización o las dificultades para ejecutar el despido. En esa clasificación España (2,43 puntos) está por debajo de República Checa (el dato más alto, 3,03), Portugal (2,87) o Francia (2,68), pero por encima de Alemania (2,33) o el Reino Unido (1,9).
La indemnización media en España en 2023 (último dato disponible) fue de 7.446 euros, con diferencias muy reseñables por edades: entre los despedidos de 20 a 24 (que normalmente llevan menos tiempo en sus empresas) fue de 886 euros, frente a los 16.784 de los mayores de 55. Y sea mucho o poco, en función de la antigüedad, es una cifra que la empresa puede anticipar, lo que la doctrina del CEDS sanciona en caso de despidos injustos.