En las últimas semanas la obligatoriedad de acudir a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de interponer determinadas demandas ha generado un intenso debate jurídico por posibles dudas sobre su constitucionalidad. La reciente reforma procesal, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal, establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. Este filtro obligatorio persigue descongestionar y agilizar la justicia, promoviendo una cultura del acuerdo frente a la confrontación judicial tradicional. Sin embargo, su implementación ha suscitado serias preocupaciones sobre si este trámite puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva, especialmente en asuntos que involucran derechos indisponibles o colectivos vulnerables como los menores.
Posible reforma en el Congreso
El Congreso aprobó el pasado 13 de noviembre una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a revisar con urgencia el sistema de medios adecuados de solución de controversias (MASC), regulado por la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La iniciativa, que incorporó enmiendas del PNV, no tiene efectos jurídicos, pero lanza un mensaje claro: urge corregir un sistema que, en lugar de desjudicializar el conflicto, está colapsando la justicia y poniendo en riesgo la confianza ciudadana en los mecanismos extrajudiciales.