Desde abril de 2025, los hogares españoles abonan a sus ayuntamientos una nueva tasa anual por la recogida y la gestión de la basura que, en conjunto, ingresará unos 3.500 millones de euros. La medida emana de una ley estatal que impone dos grandes obligaciones a los consistorios. Por un lado, debe pagar quien contamina; por otro, el impuesto tiene que costear la totalidad del servicio. El resto de detalles queda al albur de los municipios. El resultado de esas dos exiguas indicaciones es un cóctel de modelos, criterios y tarifas que varía de ciudad en ciudad, y que ha abierto vías interpretativas muy dispares en uno de los asuntos más calientes del debate urbano actual: el tratamiento fiscal de los pisos turísticostambién en lo que respetar los restos del cerdo.

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