La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en un botón de emergencia muy socorrido para aquellos que viven situaciones económicas límite. En 2024, en torno a 50.000 ciudadanos y autónomos acorralados por los números rojos activaron este mecanismo salvavidas. La ley, aprobada en 2015, ha demostrado ser un instrumento eficaz para hacer borrón y cuenta nueva a los deudores —ojo, a los de buena fe y que no tengan antecedentes penales ni sanciones administrativas graves—, si así conservan su casa o ingresos mínimos para vivir. En el último año, la novedad es que algunos jueces han reforzado este sistema al incluir las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, impagos que la ley blinda.
Falta de acuerdo
Los jueces no se ponen de acuerdo en el dilema del perdón de la deuda pública, lo que anticipa una más que probable intervención del Tribunal Supremo. Un ejemplo lo encontramos en Alicante. En mayo de 2025, el Juzgado de lo Mercantil número 1 diseñó una novedosa fórmula ante la petición de ayuda de un ciudadano en quiebra que debía más de 22.377 euros a las arcas públicas. El juez perdonó los primeros 5.000 euros y la mitad del resto, con independencia de quién fuera la entidad pública acreedora. Sin embargo, en una reciente sentencia de septiembre, la Audiencia Provincial tiró por tierra esta solución.