Con el desistimiento por el BBVA de su pleito contra el Gobierno por intervenir en la OPA alargándole los plazos, se aclara más la historia. El opante recula porque lo tenía judicialmente crudo. Su argucia de que le causaba un “perjuicio irreparable” era perdedora (Lecciones para purgar el fiasco de la OPA, EL PAÍS, 18 de octubre), pues mantuvo su oferta pese a la intervención, y aún la mejoró. Y porque su interpretación de que la ley de defensa de la competencia de 2007 solo permitía suavizar las condiciones era restrictiva. Y primaba un informe previo —preceptivo pero no vinculante— del Consejo de Estado, sobre una norma vigente.