El Tribunal Constitucional acaba de dar un importante balón de oxígeno a la Hacienda pública española. El pleno ha desestimado este jueves la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto a la regulación de los pagos fraccionados que deben realizar las grandes empresas —aquellas con una cifra de negocios superior a los 10 millones de euros— en el impuesto sobre sociedades. La sentencia responde a una cuestión elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y concluye que el cálculo de estos adelantos no vulnera el principio de capacidad económica de las empresas.

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